Robles: “La Junta de Andalucía está poniendo en riesgo el servicio de Dependencia a los más necesitados”
La deuda del Gobierno andaluz con el área de Familia y Bienestar Social de la Diputación de Granada asciende ya a los 18,5 millones solo en lo referente a la Ley de Dependencia
El vicepresidente segundo y diputado delegado de Familia y Bienestar Social, José Robles, ha dado cuenta hoy en rueda de prensa del montante que suma la deuda que acumula la Junta de Andalucía con esta área, una cantidad que asciende ya, incluido el bimestre actual de septiembre y octubre, hasta los 18,5 millones de euros solo en materia de Dependencia. De la liquidación del año 2011, hay pendientes 2.268.359 euros, mientras que del primer semestre de 2012, suman otros 3.485.052. De julio y agosto hay pendientes 5.493.000 euros, y 5.396.000 euros del actual bimestre. Los nuevos casos de 2012 han generado un gasto pendiente de abono que suponen 1.869.000 euros que están soportando los ayuntamientos, muchos en una situación económica más que crítica. “La Junta de Andalucía está poniendo en serio riesgo la prestación fundamentalmente de la Ley de Dependencia, es decir, está poniendo en riesgo el servicio a los dependientes que es lo mismo que poner en riesgo el servicio de Dependencia a los más necesitados”, ha aseverado José Robles ante estos datos incidiendo en que suponen una “deuda muy preocupante e insostenible”.
El vicepresidente segundo ha recordado, en este sentido, las palabras de la delegada del Gobierno andaluz, María José Sánchez, señalando que estas cantidades se abonarían de manera inmediata. “Lo que quiero que me diga hoy la delegada del Gobierno en la Junta de Andalucía qué es para ellos de forma inminente, si es diez días, veinte, un mes o dos meses”, ha aseverado José Robles que ha evidenciado que “cuando desde la Diputación decimos que se pone en riesgo el servicio de los dependientes no lo estamos inventando”.
Robles ha evidenciado que la situación ha provocado quejas de regidores de todos los signos políticos como el alcalde de Víznar (IU), que anunció que podía verse obligado a cortar el servicio para los dependientes, o el de Íllora (PSOE), que está pidiendo con su equipo de Gobierno el dinero “porque ya no pueden prestar el servicio”. El vicepresidente segundo también ha citado el ejemplo de Galera donde hay anunciada una huelga de las auxiliares de Ayuda a Domicilio para el día 19 de septiembre.
El responsable de Familia, Bienestar Social y Economía de la Diputación ha señalado que hay alcaldes de la comarca de Baza que se van a sumar a las movilizaciones convocadas por estos trabajadores.
Así mismo, el diputado delegado de Familia y Bienestar Social en la Diputación ha informado de que pidió cita, cuando fue nombrado en agosto, al nuevo delegado territorial de Salud y Bienestar Social del Gobierno andaluz en Granada, Higinio Almagro, sin haber obtenido respuesta alguna hasta el momento. “No podemos seguir así”, ha añadido Robles que ha citado la deuda de 1.032.000 euros que la Junta mantiene con el Centro Provincial de Drogodependencias en el que la Diputación está adelantando el importe de las nóminas.
Veinticuatro profesionales de los equipos de tratamiento familiar, responsables de los informes pertinentes para que los más débiles reciban las ayudas de la Diputación, también sufren indirectamente estos atrasos de la Junta que por este concepto debe 773.000 euros.
“Si no se cumplen los compromisos que tiene la Junta de Andalucía con la Diputación de Granada, se está poniendo en riesgo la Ley de Dependencia y los servicios del Centro Provincial de Drogodependencias y de los equipos de tratamiento familiar”, ha explicado Robles que ha pedido a la Junta colaboración porque “la situación económica es mala para todos” pero especialmente para la administración local y las empresas.
Los ayuntamientos que están prestando el servicio de forma directa están adelantando las nóminas a los auxiliares de ayuda a domicilio. “En los casos de las empresas ya no pueden soportar tres y cuatro meses de retrasos”, ha concluido el vicepresidente segundo.
La Junta ha abonado puntualmente cada dos meses los pagos correspondientes hasta el 30 de abril, pero desde entonces solo ha liquidado el 38 por ciento de mayo y junio a finales de julio. Del resto “no sabemos nada y no sabemos nada de los meses de julio y agosto”, ha recalcado Robles para quien “este sistema es insostenible” también en el ámbito administrativo por lo cual “están jugando con la Ley de Dependencia de la que tanto presumen”.
Robles ha evidenciado que la situación ha provocado quejas de regidores de todos los signos políticos como el alcalde de Víznar (IU), que anunció que podía verse obligado a cortar el servicio para los dependientes, o el de Íllora (PSOE), que está pidiendo con su equipo de Gobierno el dinero “porque ya no pueden prestar el servicio”. El vicepresidente segundo también ha citado el ejemplo de Galera donde hay anunciada una huelga de las auxiliares de Ayuda a Domicilio para el día 19 de septiembre.
El responsable de Familia, Bienestar Social y Economía de la Diputación ha señalado que hay alcaldes de la comarca de Baza que se van a sumar a las movilizaciones convocadas por estos trabajadores.
Así mismo, el diputado delegado de Familia y Bienestar Social en la Diputación ha informado de que pidió cita, cuando fue nombrado en agosto, al nuevo delegado territorial de Salud y Bienestar Social del Gobierno andaluz en Granada, Higinio Almagro, sin haber obtenido respuesta alguna hasta el momento. “No podemos seguir así”, ha añadido Robles que ha citado la deuda de 1.032.000 euros que la Junta mantiene con el Centro Provincial de Drogodependencias en el que la Diputación está adelantando el importe de las nóminas.
Veinticuatro profesionales de los equipos de tratamiento familiar, responsables de los informes pertinentes para que los más débiles reciban las ayudas de la Diputación, también sufren indirectamente estos atrasos de la Junta que por este concepto debe 773.000 euros.
“Si no se cumplen los compromisos que tiene la Junta de Andalucía con la Diputación de Granada, se está poniendo en riesgo la Ley de Dependencia y los servicios del Centro Provincial de Drogodependencias y de los equipos de tratamiento familiar”, ha explicado Robles que ha pedido a la Junta colaboración porque “la situación económica es mala para todos” pero especialmente para la administración local y las empresas.
Los ayuntamientos que están prestando el servicio de forma directa están adelantando las nóminas a los auxiliares de ayuda a domicilio. “En los casos de las empresas ya no pueden soportar tres y cuatro meses de retrasos”, ha concluido el vicepresidente segundo.
La Junta ha abonado puntualmente cada dos meses los pagos correspondientes hasta el 30 de abril, pero desde entonces solo ha liquidado el 38 por ciento de mayo y junio a finales de julio. Del resto “no sabemos nada y no sabemos nada de los meses de julio y agosto”, ha recalcado Robles para quien “este sistema es insostenible” también en el ámbito administrativo por lo cual “están jugando con la Ley de Dependencia de la que tanto presumen”.
Artículo original: www.dipgra.es
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