La Fiscalía alerta del abuso económico a mayores como nueva forma de maltrato
Las denuncias de personas de edad avanzada víctimas de agresiones físicas o psicológicas por parte de sus parejas o familiares crecieron en Granada en 2011
28.10.2012
El maltrato familiar hacia las personas mayores es un problema social que preocupa, y mucho, a la Fiscalía, que ha apreciado una nueva forma de violencia contra este sector de la población tan vulnerable: el abuso económico. En Granada, el año pasado, esta nueva expresión de maltrato a ancianos y los casos de negligencia han tenido "una especial prevalencia".
Así se desprende de la última memoria provincial de la Fiscalía de Violencia de Género, correspondiente a 2011, que advierte además de que "el cuidado familiar de las personas mayores dependientes, al generar sobrecarga y estrés, puede desembocar en situaciones de negligencia". Esa negligencia no se percibiría nítidamente como una forma de maltrato o violencia hacia las personas mayores, pero no por ello deja de serlo.
El abuso material o económico se traduce en una explotación por parte de los cuidadores de los mayores, que asumen las pagas de estas personas tan vulnerables y después no proyectan esos recursos en su cuidado. Por esta razón, Flor de Torres, coordinadora en Andalucía de la Fiscalía de Violencia de Género, ha interesado de la Administración "un control más exhaustivo" sobre los cuidadores y sobre su capacidad para hacerse cargo de mayores que sufren ciertas patologías.
Otras expresiones de la violencia sobre los ancianos que ha empezado a observar la Fiscalía residen en la desatención higiénica y en el abuso o el defecto en la medicación y asistencia. En el primer caso para conseguir que el mayor impedido esté sedado y en el segundo desatendiendo sus necesidades e impidiendo el control médico, junto a otros comportamientos como "la negación afectiva".
El maltrato de mayores no es un fenómeno social nuevo, simplemente es difícil sacarlo a la luz. Se trata de delitos cometidos "con ausencia de testigos", de los que sólo se hallan "pruebas periféricas" e indirectas. Las víctimas carecen de autonomía y en el día a día dependen física y emocionalmente de sus cuidadores, que suelen ser los propios agresores. La Fiscalía habla del riesgo de que exista "una absoluta impunidad en bolsas ocultas de maltrato" al amparo del trinomio mayor-maltratado-vulnerable.
En Granada, la fiscal delegada para esta materia es Susana Vega, quien en su balance anual aboga por dar voz a las víctimas para iniciar un "proceso de visibilización" del problema con el objetivo de que la sociedad se implique en darle respuesta. "Las víctimas tienen que ser escuchadas también, junto a los expertos, como una necesidad democrática", subraya.
Para Vega, el maltrato a mayores es aún "una realidad oculta que no se percibe todavía como un problema acuciante". Y ello pese a que la violencia que sufren los ancianos, en sus distintas modalidades (física, psicológica o económica), presenta "una elevada cifra negra u oculta". Estaríamos, a su juicio, "ante otro fenómeno de tipo iceberg sobre el que sólo conoceríamos una parte de su prevalencia entre la población anciana". Algunos de esos casos ocultos salieron a la luz el año pasado en Granada, donde hubo "un mayor número de denuncias de personas de edad avanzada" por violencia doméstica o de género. Muchas de ellas a través de los Servicios Sociales del municipio donde residen y otras a través del Teléfono de Atención a las Personas Mayores. En todos los casos se abrieron las correspondientes diligencias, aunque fueron "pocas" las que acabaron en los juzgados.
El año pasado el Teléfono del Mayor, dependiente de la Consejería de Salud y Bienestar Social, derivó a la fiscal Flor de Torres 111 supuestos de maltrato que dieron lugar a la apertura de otras tantas diligencias de investigación en Andalucía, la mayor parte en Málaga y Sevilla. Esta cifra representa un incremento del 68% respecto al ejercicio anterior. Ocho años antes, en 2003, la Fiscalía sólo incoó seis investigaciones de oficio.
Ninguna de estas denuncias procedió de las víctimas, aunque en algunos casos sí fueron algunos de sus familiares los que acudieron anónimamente al Teléfono del Mayor para alertar de situaciones de riesgo. "El mayor no es consciente de su alta vulnerabilidad y maltrato y en el caso de serlo siempre opta por no declarar su situación", acogiéndose al derecho a no incriminar a la familia directa que contempla la ley. Durante estos años Flor de Torres ha advertido que existe una "transmisión intergeneracional de la violencia" marcada por una fuerte componente de género. Es decir, una mujer que ha sufrido maltrato machista a lo largo de su vida de pareja lo seguirá padeciendo una vez que alcance una edad avanzada. Primero el maltratador será su marido y después de "la familia extensa", o sea, hijos, nueras y hasta nietos. En muchas ocasiones sufre abusos de varias personas a la vez. Esta realidad es la que explica que "haya más víctimas que maltratadores", apunta Flor de Torres .
Otra de las dificultades contra la que clama la Fiscalía desde hace ya algunos años es la imposibilidad que tiene para reclamar la aplicación de la Ley de Dependencia para estas personas. Es lo que denomina "fronteras legales para actuar de oficio". Cada vez que el Ministerio Público insta esta cobertura para alguna persona dependiente en situación de riesgo la respuesta es negativa porque el artículo 28 establece que las ayudas sólo las puede solicitar el interesado, lo que hace que la Ley de Dependencia "sea inoperativa" para estas personas. En este sentido, la Fiscalía reclama que se modifique este artículo para dotar al fiscal o a los servicios sociales o sanitarios de capacidad para pedir la declaración de dependencia y las prestaciones previstas para estos casos.
Así se desprende de la última memoria provincial de la Fiscalía de Violencia de Género, correspondiente a 2011, que advierte además de que "el cuidado familiar de las personas mayores dependientes, al generar sobrecarga y estrés, puede desembocar en situaciones de negligencia". Esa negligencia no se percibiría nítidamente como una forma de maltrato o violencia hacia las personas mayores, pero no por ello deja de serlo.
El abuso material o económico se traduce en una explotación por parte de los cuidadores de los mayores, que asumen las pagas de estas personas tan vulnerables y después no proyectan esos recursos en su cuidado. Por esta razón, Flor de Torres, coordinadora en Andalucía de la Fiscalía de Violencia de Género, ha interesado de la Administración "un control más exhaustivo" sobre los cuidadores y sobre su capacidad para hacerse cargo de mayores que sufren ciertas patologías.
Otras expresiones de la violencia sobre los ancianos que ha empezado a observar la Fiscalía residen en la desatención higiénica y en el abuso o el defecto en la medicación y asistencia. En el primer caso para conseguir que el mayor impedido esté sedado y en el segundo desatendiendo sus necesidades e impidiendo el control médico, junto a otros comportamientos como "la negación afectiva".
El maltrato de mayores no es un fenómeno social nuevo, simplemente es difícil sacarlo a la luz. Se trata de delitos cometidos "con ausencia de testigos", de los que sólo se hallan "pruebas periféricas" e indirectas. Las víctimas carecen de autonomía y en el día a día dependen física y emocionalmente de sus cuidadores, que suelen ser los propios agresores. La Fiscalía habla del riesgo de que exista "una absoluta impunidad en bolsas ocultas de maltrato" al amparo del trinomio mayor-maltratado-vulnerable.
En Granada, la fiscal delegada para esta materia es Susana Vega, quien en su balance anual aboga por dar voz a las víctimas para iniciar un "proceso de visibilización" del problema con el objetivo de que la sociedad se implique en darle respuesta. "Las víctimas tienen que ser escuchadas también, junto a los expertos, como una necesidad democrática", subraya.
Para Vega, el maltrato a mayores es aún "una realidad oculta que no se percibe todavía como un problema acuciante". Y ello pese a que la violencia que sufren los ancianos, en sus distintas modalidades (física, psicológica o económica), presenta "una elevada cifra negra u oculta". Estaríamos, a su juicio, "ante otro fenómeno de tipo iceberg sobre el que sólo conoceríamos una parte de su prevalencia entre la población anciana". Algunos de esos casos ocultos salieron a la luz el año pasado en Granada, donde hubo "un mayor número de denuncias de personas de edad avanzada" por violencia doméstica o de género. Muchas de ellas a través de los Servicios Sociales del municipio donde residen y otras a través del Teléfono de Atención a las Personas Mayores. En todos los casos se abrieron las correspondientes diligencias, aunque fueron "pocas" las que acabaron en los juzgados.
El año pasado el Teléfono del Mayor, dependiente de la Consejería de Salud y Bienestar Social, derivó a la fiscal Flor de Torres 111 supuestos de maltrato que dieron lugar a la apertura de otras tantas diligencias de investigación en Andalucía, la mayor parte en Málaga y Sevilla. Esta cifra representa un incremento del 68% respecto al ejercicio anterior. Ocho años antes, en 2003, la Fiscalía sólo incoó seis investigaciones de oficio.
Ninguna de estas denuncias procedió de las víctimas, aunque en algunos casos sí fueron algunos de sus familiares los que acudieron anónimamente al Teléfono del Mayor para alertar de situaciones de riesgo. "El mayor no es consciente de su alta vulnerabilidad y maltrato y en el caso de serlo siempre opta por no declarar su situación", acogiéndose al derecho a no incriminar a la familia directa que contempla la ley. Durante estos años Flor de Torres ha advertido que existe una "transmisión intergeneracional de la violencia" marcada por una fuerte componente de género. Es decir, una mujer que ha sufrido maltrato machista a lo largo de su vida de pareja lo seguirá padeciendo una vez que alcance una edad avanzada. Primero el maltratador será su marido y después de "la familia extensa", o sea, hijos, nueras y hasta nietos. En muchas ocasiones sufre abusos de varias personas a la vez. Esta realidad es la que explica que "haya más víctimas que maltratadores", apunta Flor de Torres .
Otra de las dificultades contra la que clama la Fiscalía desde hace ya algunos años es la imposibilidad que tiene para reclamar la aplicación de la Ley de Dependencia para estas personas. Es lo que denomina "fronteras legales para actuar de oficio". Cada vez que el Ministerio Público insta esta cobertura para alguna persona dependiente en situación de riesgo la respuesta es negativa porque el artículo 28 establece que las ayudas sólo las puede solicitar el interesado, lo que hace que la Ley de Dependencia "sea inoperativa" para estas personas. En este sentido, la Fiscalía reclama que se modifique este artículo para dotar al fiscal o a los servicios sociales o sanitarios de capacidad para pedir la declaración de dependencia y las prestaciones previstas para estos casos.
Artículo original: www.granadahoy.es
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